(Fernando de Rojas, autor de La Celestina)
En opinión del barón de Montesquieu, filósofo y jurisconsulto francés de fama universal, los tres poderesdel Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, han de estar separados, ser independientes. Siendo administrados dos de éstos, o los tres, por un solo hombre o una corporación, todo está perdido. Sí, adiós a pensar en una justicia equitativa, que sea aplicada por igual para todos los ciudadanos, se dará el caso al que se refiere el escritor polaco Stanislaw Jerzi Lee al afirmar que todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla. Gran dificultad para esto constituye en nuestro país que el presidente del Tribunal Supremo sea nombrado por el jefe del Estado. El artículo 123.2 de la Constitución dice literalmente: "El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propouesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determina la ley". Pero además también ha de nombrar el rey al Fiscal General del Estado; el punto 4 del artículo 124 expone: "El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del poder judicial". En definitiva, el rey determina.
¿Por qué han de tener dependencia alguna las más altas jerarquías de la Justicia, o sea esta del jefe del Estado? Según el DAE, dependencia significa "subordinación a un poder mayor". Esto no debe ser ni con Rey ni con Roque, Monarquía o República, pues bien sabido es a lo que se presta si es acusado por los Tribunales de Justicia algún familiar del jefe del Estado, por desgracia lo tenemos a la vista. Tienen, sencilamente, la manos atadas; pensamos inevitablemente en ello ante la postura que el Sr. Torres Dulce frente al caso del matrimonio Urdangarín-Borbón. No secunda la imputación de ella y no es partidario de la retirada del pasaporte a él, a pesar de que de irse a Catar lo efectuaría a un país que no tiene extradición. Ello aparte de que no puede ausentarse de España teniendo abierto contra él un proceso penal. Es presunto autor de cinco hecho delictivos, como nadie ignora. Nada más lógico y natural que, como solicita Manos Limpias, se le retire dicho documento, pues no puede salir de España. Incontrovertiblemente sería un privilegio real, real de realeza y de realidad. Y contra la Justicia ni en Monarquía ni en República ningún individuo, empezando por el jefe del Estado, ha de tener privilegio, sino estar bajo su acción como todo ciudadano.
Para colmo de hacer alarde de inmunidad o exento de penas, invulnerable, dice el abogado defensor del reo, Mario Pascual Vives, que de marcharse Urdangarín a Catar le acompañaría la infanta: Puede hacerlo por cuanto ha sido despedida de la Caixa; ahora bien, no debiera tener otra posibilidad que la laboral, por cuanto, al fin, ha quedado involucrada en la instrucción que se sigue a su cónyuge. Esto independientemente de la resolución de la Audiencia Provincial de Palma, cuya Sección Segunda el 20 de mayo próximo fallará sobre su imputación. Que este fallo -sentencia- en Derecho no implique fallo en la acepción de falta, deficiencia, error, que el juez Castro no imputó a la segunda hija del rey a humos de paja. Veremos en dicha fecha si vencen o no los movimientos de la monarquía, las salidas por peteneras o por los cerros de Úbeda, es decir, de manera incongruente, fuera de propósito, a fin de subterfugio para imposibilitar que la Justicia actue contra Cristina de Borbón por la mera circunstancia de ser hija del monarca. Mayor falta, por ello, constituye lo que se le imputa, mayor motivo para ser juzgada y que se haga justicia con ella. La ciudadanía no podemos verlo de otro modo, ha de ser así -en evidencia y sentido moral-, y don Juan Carlos debe admitirlo, nobleza obliga y realeza también.
Los movimientos de la monarquía los tenemos todos visto desde que se descubrió el desaforado trincar, tomar para sí lo ajeno, del duque que gusta de firmar como el duque en-palma-do. Se emitió una cosa y se ha venido practicando otra subrepticiamente, mas ya se ha verificado abiertamente, sin reserva, clara, patentemente, al ser imputada su cónyuge y no como tal -modo del que ya un cónyuge no puede serlo-, sino como partícipe de una u otra forma en los delitos de su marido, por el contrario de ser ignorante e inocente de los mismos. Es algo que se sabe desde que se descubrieron los negocios de Urdangarín -si, como ya se ha dicho, a robar se le puede llamar negocio-, Jaime Peñafiel, por ejemplo, publicó un artículo con el siguiente título: "No sólo Ignacio, también Cristina". Hasta aquí soterradamente hizo un ímprobo esfuerzo el Gobierno y el rey para que no fuera involucrada la infanta, evitar un definitivo descrédito de la momarquía, siendo enorme el que ya cuenta y que va in crescendo, sumándose con frecuencia pruebas de disconformidad entre la actuación del rey y la ley. Se le imputa que la transgrede a veces. ültimamente lo de la herencia, en lo que no hubo más ley que la del silencio. Se disculpó cuando la vergüenza de Botsuana:
Pero continúa imponiendo su voluntad en la "no ejemplaridad". Ha ocurido siempre por la pasividad del bipartidismo que durante su reinado ha gobernado, permitiéndo a la monarquía moverse en tierra de nadie
¿Qué pruebas y cuántas ha de presentar el juez Castro como justificación para imputar a la esposa de Urdangarín, colaboradora y benificiadora con él en su actividad delictiva? No se puede entender, teniendo un mínimo de intelecto, lo de que son meras circunstancias inocuas, inconsistente y equívocas en algunos casos o meras sospechas personales, en otros. Y para remate, consigna el aludido fiscal, Pedro Horrach, lo que únicamente cabe partiendo de sus falsas premisas, su conclusión: no puede inferirse indicioriamente participación en conductas reprochables penalmente. Se extraña de que el instructor la vea como cómplce de los negocios de su marido. Es muy dueño de argumentar cómo quiera, pero opino -y yo también soy muy dueño de opinar- que de la forma que lo ha efectuado no puede convencer a nadie, sus palabras son el deseo de aportar mero escudo a Cristina de Borbón. Lo que concurre en ella no son circunscias equívocas, sino inequívosas. Y ahora cuenta el instructor con una nueva prueba: las diez últimas declaraciones de la renta de él y de ella.
Que deje ya de dar la nota esta monarquía periclitante, reinado de Juan Carlos I que no sólo está en peligro por su muy deficiente salud y edad provecta, periclita junto con él la institución. Ésta es reprobada también por las disparatadas bodas de las infantas y el príncipe. Es tema de que ya he tratado en más de un artículo, por esta razón y la de que se halla fuera de mi tesis, me limito a apuntar que no es lícita -adj. Justo, permitido, según justicia y razón. (DAE)- la intromisión del monarca en la imputación de su hija. Y para ser más irrazonable es contradicción a las palabras que pronunciara otrora. En la memoria de todos está las promesas que hizo. Y habló de lo que es justo: la irritación de la ciudadanía ante hechos delictivos.Cubrió el expediente, porque luego vendría lo de no hay que personalizar. No tanto toreo. A lo que parece, don Juan Carlos en sus problemas de salud no sólo los tiene de tipo óseo, también de amnesia.
la infanta Cristina, veremos también si el Gobierno ha conseguido que don Juan Carlos transija respecto a él y su familia con la aplicación de la Ley de Transparencia en toda la línea. Él dice -repito- que la ley es igual para todos; de palabra no lleva la contraria a la Constitución, pero de hecho... Bueno, es la suerte de dicho texto con el rey y el Gobierno. El interferir la ley por las claras respecto a su hija, con el éxito que consiga o no, ha causado gran herida al país, y sólo le sostiene ya la difícil situación de la crisis, no ser el momento de afrontar una complicación más. Es herida llamada a tomar mal aspecto, ya se pueda hacer justicia con la referida o no se pueda. Malo en el primer caso, y peor en el segundo. ¡Eso de no admitir otra ley que la del embudo!... Y no digamos de emplear la política para la corrupción, que pasando por lo políticos haya calado en la familia real. Esto no es de ley, y toda persona -el político en primer lugar- ha de ser de ley, es decir buena, honrada, como debe ser, que de ella no pueda decirse con verdad nada malo. Y ¡cuán malamente se habla hoy de los políticos, empezando por denominarles casta para diferenciación. Como si todos conocieran este aserto de Indalecio Prieto: Hay dos clases de hombres: los buenos y los políticos.
¿Por qué han de tener dependencia alguna las más altas jerarquías de la Justicia, o sea esta del jefe del Estado? Según el DAE, dependencia significa "subordinación a un poder mayor". Esto no debe ser ni con Rey ni con Roque, Monarquía o República, pues bien sabido es a lo que se presta si es acusado por los Tribunales de Justicia algún familiar del jefe del Estado, por desgracia lo tenemos a la vista. Tienen, sencilamente, la manos atadas; pensamos inevitablemente en ello ante la postura que el Sr. Torres Dulce frente al caso del matrimonio Urdangarín-Borbón. No secunda la imputación de ella y no es partidario de la retirada del pasaporte a él, a pesar de que de irse a Catar lo efectuaría a un país que no tiene extradición. Ello aparte de que no puede ausentarse de España teniendo abierto contra él un proceso penal. Es presunto autor de cinco hecho delictivos, como nadie ignora. Nada más lógico y natural que, como solicita Manos Limpias, se le retire dicho documento, pues no puede salir de España. Incontrovertiblemente sería un privilegio real, real de realeza y de realidad. Y contra la Justicia ni en Monarquía ni en República ningún individuo, empezando por el jefe del Estado, ha de tener privilegio, sino estar bajo su acción como todo ciudadano.
Para colmo de hacer alarde de inmunidad o exento de penas, invulnerable, dice el abogado defensor del reo, Mario Pascual Vives, que de marcharse Urdangarín a Catar le acompañaría la infanta: Puede hacerlo por cuanto ha sido despedida de la Caixa; ahora bien, no debiera tener otra posibilidad que la laboral, por cuanto, al fin, ha quedado involucrada en la instrucción que se sigue a su cónyuge. Esto independientemente de la resolución de la Audiencia Provincial de Palma, cuya Sección Segunda el 20 de mayo próximo fallará sobre su imputación. Que este fallo -sentencia- en Derecho no implique fallo en la acepción de falta, deficiencia, error, que el juez Castro no imputó a la segunda hija del rey a humos de paja. Veremos en dicha fecha si vencen o no los movimientos de la monarquía, las salidas por peteneras o por los cerros de Úbeda, es decir, de manera incongruente, fuera de propósito, a fin de subterfugio para imposibilitar que la Justicia actue contra Cristina de Borbón por la mera circunstancia de ser hija del monarca. Mayor falta, por ello, constituye lo que se le imputa, mayor motivo para ser juzgada y que se haga justicia con ella. La ciudadanía no podemos verlo de otro modo, ha de ser así -en evidencia y sentido moral-, y don Juan Carlos debe admitirlo, nobleza obliga y realeza también.
Los movimientos de la monarquía los tenemos todos visto desde que se descubrió el desaforado trincar, tomar para sí lo ajeno, del duque que gusta de firmar como el duque en-palma-do. Se emitió una cosa y se ha venido practicando otra subrepticiamente, mas ya se ha verificado abiertamente, sin reserva, clara, patentemente, al ser imputada su cónyuge y no como tal -modo del que ya un cónyuge no puede serlo-, sino como partícipe de una u otra forma en los delitos de su marido, por el contrario de ser ignorante e inocente de los mismos. Es algo que se sabe desde que se descubrieron los negocios de Urdangarín -si, como ya se ha dicho, a robar se le puede llamar negocio-, Jaime Peñafiel, por ejemplo, publicó un artículo con el siguiente título: "No sólo Ignacio, también Cristina". Hasta aquí soterradamente hizo un ímprobo esfuerzo el Gobierno y el rey para que no fuera involucrada la infanta, evitar un definitivo descrédito de la momarquía, siendo enorme el que ya cuenta y que va in crescendo, sumándose con frecuencia pruebas de disconformidad entre la actuación del rey y la ley. Se le imputa que la transgrede a veces. ültimamente lo de la herencia, en lo que no hubo más ley que la del silencio. Se disculpó cuando la vergüenza de Botsuana:
Pero continúa imponiendo su voluntad en la "no ejemplaridad". Ha ocurido siempre por la pasividad del bipartidismo que durante su reinado ha gobernado, permitiéndo a la monarquía moverse en tierra de nadie
¿Qué pruebas y cuántas ha de presentar el juez Castro como justificación para imputar a la esposa de Urdangarín, colaboradora y benificiadora con él en su actividad delictiva? No se puede entender, teniendo un mínimo de intelecto, lo de que son meras circunstancias inocuas, inconsistente y equívocas en algunos casos o meras sospechas personales, en otros. Y para remate, consigna el aludido fiscal, Pedro Horrach, lo que únicamente cabe partiendo de sus falsas premisas, su conclusión: no puede inferirse indicioriamente participación en conductas reprochables penalmente. Se extraña de que el instructor la vea como cómplce de los negocios de su marido. Es muy dueño de argumentar cómo quiera, pero opino -y yo también soy muy dueño de opinar- que de la forma que lo ha efectuado no puede convencer a nadie, sus palabras son el deseo de aportar mero escudo a Cristina de Borbón. Lo que concurre en ella no son circunscias equívocas, sino inequívosas. Y ahora cuenta el instructor con una nueva prueba: las diez últimas declaraciones de la renta de él y de ella.
Que deje ya de dar la nota esta monarquía periclitante, reinado de Juan Carlos I que no sólo está en peligro por su muy deficiente salud y edad provecta, periclita junto con él la institución. Ésta es reprobada también por las disparatadas bodas de las infantas y el príncipe. Es tema de que ya he tratado en más de un artículo, por esta razón y la de que se halla fuera de mi tesis, me limito a apuntar que no es lícita -adj. Justo, permitido, según justicia y razón. (DAE)- la intromisión del monarca en la imputación de su hija. Y para ser más irrazonable es contradicción a las palabras que pronunciara otrora. En la memoria de todos está las promesas que hizo. Y habló de lo que es justo: la irritación de la ciudadanía ante hechos delictivos.Cubrió el expediente, porque luego vendría lo de no hay que personalizar. No tanto toreo. A lo que parece, don Juan Carlos en sus problemas de salud no sólo los tiene de tipo óseo, también de amnesia.
La monarquía, colada de rondón, nadie la llamó, nadie la votó, es hoy día detestada por los españoles, principalmente por la juventud. Aparte de ver en qué queda lo de la imputación de
la infanta Cristina, veremos también si el Gobierno ha conseguido que don Juan Carlos transija respecto a él y su familia con la aplicación de la Ley de Transparencia en toda la línea. Él dice -repito- que la ley es igual para todos; de palabra no lleva la contraria a la Constitución, pero de hecho... Bueno, es la suerte de dicho texto con el rey y el Gobierno. El interferir la ley por las claras respecto a su hija, con el éxito que consiga o no, ha causado gran herida al país, y sólo le sostiene ya la difícil situación de la crisis, no ser el momento de afrontar una complicación más. Es herida llamada a tomar mal aspecto, ya se pueda hacer justicia con la referida o no se pueda. Malo en el primer caso, y peor en el segundo. ¡Eso de no admitir otra ley que la del embudo!... Y no digamos de emplear la política para la corrupción, que pasando por lo políticos haya calado en la familia real. Esto no es de ley, y toda persona -el político en primer lugar- ha de ser de ley, es decir buena, honrada, como debe ser, que de ella no pueda decirse con verdad nada malo. Y ¡cuán malamente se habla hoy de los políticos, empezando por denominarles casta para diferenciación. Como si todos conocieran este aserto de Indalecio Prieto: Hay dos clases de hombres: los buenos y los políticos.
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